La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz.-
Los policías protagonizaron violentas tomas de las oficinas de Inteligencia y de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de las ciudades de La Paz y Cochabamba, de donde saquearon y quemaron computadoras, documentos y muebles. Además, en la sede de gobierno intentaron tomar el Servicio General de Identificación Personal (Segip), una repartición que dejaron de administrar el año pasado. Esta actitud fue criticada anoche por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La molestia de los uniformados y sus esposas hizo que cayera en saco roto el pedido de calma que hizo el comandante general de la Policía, coronel Víctor Maldonado, durante la noche del jueves y la madrugada de ayer. La desobediencia en la institución de mando vertical llegó al extremo de que un centenar de policías, cerca de las 17.15, apedreó y rompió los vidrios del edificio del Comando General de la Policía.

Así, el aniversario 186 de la Policía, que se recuerda mañana, se verá deslucido por esta crisis, pues los actos fueron suspendidos.

Conflicto. El movimiento policial se planteó como meta obtener cuatro demandas: nivelación salarial, jubilación con el 100% de renta, anulación de la Ley 101 de régimen disciplinario y la creación del Defensor del Policía. Fuentes policiales informaron que, en promedio, el salario de policías de bajo rango es de Bs 1.100, mientras que esperan que esta remuneración sobrepase los Bs 1.500.

El miércoles, esposas de policías cerraron las puertas del Distrito Policial (DP) 1 y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). El jueves, tomaron la UTOP y los efectivos iniciaron un motín, con la expulsión por la fuerza de jefes y oficiales policiales.

Con excepción de Pando, en los restantes ocho departamentos del país hubo manifestaciones de protesta de los policías. Las más radicales se dieron en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.

La protesta policial tuvo efectos en la actividad cotidiana de la ciudadanía. Por ejemplo, entidades financieras cerraron sus puertas por la falta de policías, mientras que otras trabajaron con el ingreso restringido. Además, el tráfico vehicular también fue alterado, debido a que los agentes de parada no salieron a las calles y se replegaron, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Otro efecto de esta movilización se sintió en el centro político del país. La plaza Murillo quedó sin resguardo policial y a disposición de los uniformados y de sus esposas, quienes en la mañana marcharon en cinco oportunidades, en un área que por lo general está restringido a movilizaciones. Incluso trabajadores de AeroSur no tuvieron problemas para ingresar a este lugar en una marcha. Las puertas del Palacio de Gobierno permanecieron cerradas.

Pasado el mediodía, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, salió al frente en el Palacio de Gobierno. Propuso nivelar el salario de los policías a Bs 2.000. Pero ni siquiera ese anuncio logró calmar la movilización de los uniformados, quienes continuaron con sus acciones de protesta.

“Se ha hecho un ofrecimiento de igualar el sueldo del policía que menos gana a 2.000 bolivianos, es un esfuerzo significativo que está haciendo el Gobierno”, declaró el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Las acciones violentas de los uniformados incluso llegaron al extremo de golpear a un coronel en retiro, en el centro de la ciudad de La Paz. Los policías también golpearon a dos personas que fueron identificadas como personal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los supuestos infiltrados recibieron puñetes y patadas.

“La toma de oficinas públicas, el destrozo de algunos bienes públicos nos preocupa, ese no es el camino (para solucionar el conflicto)”, afirmó anoche Romero antes de instalar el diálogo con los policías y luego de conocer las acciones violentas de la jornada.

La Iglesia Católica no quedó al margen de este conflicto, pues el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Mons. Óscar Aparicio, demandó diálogo entre el Gobierno y los policías. “No es responsable permitir que las demandas de los diferentes sectores de la sociedad deriven en conflictos y, mucho menos, en enfrentamientos violentos entre hermanos. Igualmente ninguna demanda, por legítima que ésta sea, debe dejar a la población en estado de indefensión”, señaló la autoridad eclesial.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó su predisposición a facilitar espacios de encuentro y concertación entre las partes en conflicto. “Estos hechos puedan derivar en situaciones de enfrentamientos que vulneren aún más los derechos humanos. Nos preocupa la situación de indefensión en la que se encuentra la población ante la ausencia de protección por parte de la institución policial”, indicó.

El Movimiento Sin Miedo (MSM) también se refirió a este conflicto, a través de un pronunciamiento, y sostuvo que el malestar en filas policiales es el resultado de la desinstitucionalización, manipulación y partidización de la Policía Boliviana de parte del gobierno del MAS, y exigió la inmediata instalación de un diálogo honesto y responsable entre los efectivos movilizados y las principales autoridades del Ejecutivo.

En medio de ese panorama, el Ministro de Gobierno y los dirigentes de los policías de baja graduación instalaron el diálogo pasadas las 21.00, luego de un intento frustrado en horas de la tarde. El encuentro es por tiempo y materia, resaltó Romero, quien expresó su esperanza de llegar a una solución a este conflicto.